La petición del crédito se justificó en la reducción de recursos por parte de la Federación, ya que el estado de Michoacán y sus municipios recibirán menores recursos provenientes de aportaciones federales para obra pública en este año.

 

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Luego de que se diera a conocer que Banbajío y Banorte serán los bancos que presten recurso al gobierno de Michoacán, por el nuevo empréstito de 4 mil 90 millones de pesos, aquí te compartimos los puntos más relevantes sobre esta deuda.

• Ningún banco realizó una oferta por el recurso buscado, por lo que se tuvo que recurrir a dos préstamos para cumplir la cifra prospectada por el gobierno estatal, los elegidos fueron: Banbajío y Banorte.

• Con Banbajío el crédito será de 2 mil 45 millones de pesos, el primero con una tasa efectiva de interés 7.14 por ciento, el resto será con Banorte y la tasa de interés es del 7.16 por ciento.La firma del contrato será el próximo día 4 de marzo.

• Los préstamos son a 20 años y se pagarían con el 6.57 por ciento del Fondo de Participaciones Federales.

• El gobierno de Silvano Aureoles destacó que a "diferencia de financiamientos contratados en administraciones pasadas, éste no será para pagar deuda o salarios de maestros, ni para cubrir otros huecos".

 

Gobierno dice que se gastará así...

El gobernador Aureoles propuso gastarlo de la siguiente manera: 1,095 millones de pesos en carreteras, autopistas y aeropistas; 977.5 millones de pesos en instalaciones y equipamiento de edificaciones para seguridad pública, policía y tránsito.

 

Asimismo, 801.2 millones de pesos del empréstito se erogarían en edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos, mientras que 651 millones de pesos se destinarían a vialidades urbanas. Otros 242.3 millones de pesos irían al rubro de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales. Montos menores se asignarían calles, parques y jardines (120 millones); infraestructura educativa de investigación (50.9 millones); plazas, parques, jardines y espacios abiertos (29.2 millones); otras obras de urbanización (18 millones); y edificaciones para repartir bienes y servicios (3 mdp).

 

Con 90 millones de pesos se constituirían fondos de reserva. El 18 por ciento de las participaciones federales destinadas a Michoacán sería la fuente de pago del nuevo empréstito. El secretario estatal de Finanzas, Carlos Maldonado, notificará a la Secretaría de Hacienda el modo de abonar a los flujos.

¿Por qué se pidió?

La petición del crédito se justificó en la reducción de recursos por parte de la Federación, ya que el estado de Michoacán y sus municipios recibirán menores recursos provenientes de aportaciones federales para obra pública en este año.

De acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán tras el análisis realizado a los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, Michoacán recibirá del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), un monto de 426 millones 341 mil pesos, monto menor en un 5 por ciento al asignado en 2019 y cuya reducción representa un total de 22 millones 470 mil pesos.

 

La SFA señaló también una reducción dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM o Fondo 3); en el que se informa de un monto autorizado para la entidad por la cantidad de 2 mil 807 millones 463 mil pesos, es decir 162 millones 871 mil pesos, representando un 5 por ciento menos que el ejercicio 2019.

En suma, el estado y los municipios dejarán de recibir recursos destinados a la infraestructura social por un monto de 185 millones 342 mil 752 pesos con respecto al año anterior.

Aunado a esto, Michoacán dejará de recibir también recursos provenientes de las participaciones federales por concepto del Fondo de Compensación, por un importe estimado de 422 millones de pesos, lo que reduce la posibilidad de destinar mayores recursos a la infraestructura pública de la entidad, afectando a los municipios, ya que, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a estos les correspondía un 20 por ciento de lo autorizado.

MORELIA, Mich., 5 de marzo de 2020.- La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), realizó la firma de contratos con las dos instituciones bancarias, ganadoras del proceso de licitación para el financiamiento de 4 mil 90 millones de pesos que serán destinados a inversión pública productiva en la entidad.

 

De acuerdo con un comunicado, la firma se realizó con Banorte y BanBajío, que ofertaron el menor costo en sus propuestas de financiamiento y cuyo proceso se llevó a cabo mediante actos transparentes e incluso abiertos a medios de comunicación.

 

Con este acto protocolario, inicia el trámite para que la SFA pueda acceder a la disposición del recurso determinado para ambos bancos.

 

El total de los recursos financiados serán entregados por montos iguales entre las dos instituciones, por el orden de los 2 mil 45 millones de pesos.

 

El titular de la SFA, Carlos Maldonado Mendoza, destacó que el interés y participación de las instituciones bancarias en este proceso, así como la cantidad de ofertas recibidas, son reflejo de la confianza que se tiene en Michoacán.

 

“Este monto será invertido en su totalidad a inversiones públicas productivas, principalmente en el mejoramiento de carreteras y caminos, conclusión de obras iniciadas y mejora de infraestructura en rubros como la salud y la educación”, puntualizó.

 

Señaló que el objetivo primordial es impulsar el desarrollo de la entidad, dinamizando el flujo económico a través del mejoramiento de la red carretera e incentivando el comercio de productos y el turismo.

 

“Estas acciones beneficiarán de manera directa a las y los michoacanos, al generar más oportunidades de trabajo, mejora en su calidad de vida, mejores servicios públicos y originando un alza en la economía estatal”, sostuvo.

Inicio/ Política 22:00 07 de febrero de 2020 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 7 de febrero de 2020.- Los nombramientos de Sergio Mecino y Rafael Rosales como magistrados especializados en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM) quedaron firmes al sobreseerse el quinto juicio amparo que interpusieron ex aspirantes a esos cargos en contra del Congreso del Estado. El recurso de revisión 58/2019 fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito revocando y sobreseyendo la resolución del juzgado cuarto de distrito que ordenaba al Poder Legislativo la revisión del procedimiento mediante el que fueron designados los magistrados. Casi dos años se llevaron los juicios de amparo promovidos por cinco ex aspirantes a magistrados especializados en anticorrupción ya que todos ellos fueron sometidos a revisión, pero este viernes finalmente se resolvió en definitiva el último de esos juicios. La argumentación de los colegiados en todos los casos fue que se trató de una facultad soberana del Congreso del Estado la designación de los magistrados especializados contra la que no proceden los amparos.

 

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11 de febrero de 2020 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2020.-

 

La contratación de 4 mil 90 millones de pesos de deuda pública será un hecho consumado para cuando se resuelva la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados de Morena y Partido del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez consideró que los diputados que presentaron la acción de inconstitucionalidad debieron darle velocidad al trámite porque “en los pisos resbalosos todo se vale, la velocidad también”. Aunque desde el 31 de diciembre, cuando se aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020, los diputados morenistas anunciaron que recurrirían a la Corte, lo hicieron hasta el último día en que podían presentar el recurso, el pasado 30 de enero. En tanto, el Gobierno del Estado publicó la licitación para la contratación de la deuda pública autorizada por la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, en un proceso que estará concluido en solo un mes, el próximo 4 de marzo. De acuerdo al calendario de la licitación que se publicó el pasado 30 de enero, entre el 4 y el 7 de febrero fue el periodo para formular preguntas y aclaraciones por parte de las instituciones interesadas, el 10 de febrero se llevó a cabo la junta de aclaraciones, el 25 de febrero se dará a conocer el fallo y el 4 de marzo se estará celebrado el o los contratos de crédito. Los diputados que firmaron la demanda inicial de acción abstracta de inconstitucionalidad fueron los 12 de Morena y dos del Partido del Trabajo, y a la fecha el Congreso del Estado no ha sido notificado de esa acción en su contra.

 

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Rebeca Hernández Marín/Quadratín Acusan a diputados de Morena de falsificar firmas en acción contra deuda Inicio/ Política 14:50 12 de febrero de 2020 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 12 de febrero de 2020.- Para cumplir el requisito de 14 firmas de diputados para presentar la acción de inconstitucionalidad por la autorización de la contratación de deuda pública ante la Suprema Corte de Justicia, el grupo parlamentario de Morena falsificó documentos y firmas, acusó Brenda Fraga. La coordinadora de los diputados del Partido del Trabajo dijo que ella y su correligionaria Teresa Mora lo que firmaron fue la controversia constitucional contra el Ejecutivo Estatal por el decreto de liquidación y extinción de la Junta Local de Caminos, la cual no se presentó, pero de ahí pudieron haber tomado los documentos que se requerían. En consecuencia, dijo que de ser necesario presentarán la denuncia penal correspondiente ya que ellas no firmaron la acción de inconstitucionalidad e incluso ya presentaron ante la SCJN un desistimiento, que esperan ratificar en cuanto sean llamadas. La diputada por el distrito de Uruapan Sur dijo desconocer si hubo alguna negociación o condicionamiento a la entrega de recursos para iniciar la implementación de la educación inicial e insistió en que ella y Mora se desisten de la acción de inconstitucionalidad porque no las firmaron. Con el desistimiento de las dos petistas, a Morena no le alcanzan las firmas para mantener su petición ante la SCJN en contra del Congreso del Estado por haber autorizado la contratación de cuatro mil 90 millones de pesos de deuda pública.

 

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Ambos fueron promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 Por MiMorelia.com - miércoles, febrero 12, 2020 6:50 pm

 

Hace unos días, la misma Corte dio entrada a un recurso de inconstitucionalidad promovido por legisladores de Morena y el PT (Foto: Pixabay.com) Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a revisión dos recursos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de actos relacionados con el Congreso de Michoacán Ello consta en la lista de notificaciones de la SCJN en la sección de trámite de controversias constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad publicada este miércoles. Una presunta inconstitucionalidad está relacionada con la aprobación de leyes de ingresos de «diversos municipios», por lo que el alto tribunal solicitó sea exhibido el ejemplar publicado el 30 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado. El otro recurso está relacionado con otro procedimiento del Congreso, que se presume podría tener relación con el paquete económico del estado para el ejercicio 2020, ya que la instancia jurisdiccional pidió actas de votaciones y diario de debates. Es preciso recordar que hace unos días, la misma Corte dio entrada a un recurso de inconstitucionalidad promovido por legisladores de Morena y el PT para tratar de echar abajo la contratación de un financiamiento por 4 mil 090 millones de pesos, sin embargo la coordinadora del Partido del Trabajo, Brenda Fraga, informó que ella y Teresa Mora, promovieron un desistimiento porque no conocían el documento.

 

Por: Sayra Casillas/rmr

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo llegar una solicitud a todas las instituciones. Alejandra Lagunes y Paloma Franco, en la mira.

 

La detención de Emilio Lozoya en Málaga, España, es quizás uno de las pruebas más significativas de que la lucha contra la corrupción del sexenio pasado va en serio. Pero de ninguna manera se trata del último eslabón de ese proceso, una certeza que Peña Nieto ya comprendió a la perfección.

Lozoya en prisión es una bomba de tiempo. Lo sabe la vieja cúpula del PRI, que transita horas de pánico. Las eventuales declaraciones como "arrepentido" del ex director de Pemex podrían salpicar a varios integrantes del Gabinete. Hay zozobra.

Pero mientras ese escenario temido se instala en la vieja tecnocracia, el gobierno de López Obrador avanza con otros íconos -al menos desde lo mediático- de la corrupción peñanietista. Es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tras el arresto de Lozoya en España, Peña Nieto se trasladó a Nueva York

Según pudo confirmar LPO, en los últimos días llovieron oficios en los bancos, en específico para sus respectivas áreas de investigación por fraude y lavado de dinero. En esos documentos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige una auditoría extrema sobre cualquier cuenta -y sus respectivos movimientos- vinculada al ex funcionario, sus familiares o a sociedades que puedan tenerlos como accionistas.

Ruiz Esparza manejó una intensa caja de recursos con las constructoras, empresas a las que AMLO ya les avisó que no será su "puerquito". Hombre de confianza de EPN, fue uno de los primeros en caer bajo la lupa de Santiago Nieto, actual titular de UIF.

 

El momento más álgido para el ex titular de la SCT fue el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca. Pero los señalamientos por las contrataciones de OHL son un punto de contacto con Lozoya.

Esparza no es el único blanco cercano en la mira. Otro personaje del que cada vez se tienen más datos es Alejandra Lagunes, la ex responsable de la comunicación digital del gobierno de Peña Nieto. De hecho, ya habrían pruebas de algunos negocios conjuntos con la SCT a través de firmas que estarían vinculadas a Lagunes. Pero eso sería motivo de un reportaje en sí mismo.

 

Firman convenio el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y CEMIDE

 

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción signo convenio con el Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE) para dar seguimiento al tema de la deuda pública que contrató el Gobierno del Estado por poco más de cuatro mil millones de pesos.

 

En ese sentido, Elvia Higuera, presidenta del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que CEMIDE ha sido un organismo ciudadano que ha puesto énfasis en temas coyunturales para Michoacán, por lo que este convenio servirá para dar seguimiento en este año a la deuda que adquirió el Gobierno del Estado y que fue aprobado por el Congreso de Estado, esto, para saber en qué y en dónde se utilizará el recurso.

 

Así mismo, Alfonso Miguel Álvarez, Centro Michoacano de Evaluación, señaló que desde el CEMIDE se han interpuesto cuatro juicios de amparo de los cuáles tres han sido aceptados en torno a la recién deuda que se contrató por el Gobierno del Estado, ya que indicó que no se vale que se autorice una deuda de esa cantidad por parte de una mayoría simple, cuando debería ser una mayoría calificada de diputados en el Congreso del Estado.

 

Por su parte, Arturo Herrera, integrante del Centro Michoacano de Evaluación, puntualizó que la ley marca que dos terceras partes de diputados son los que deben aprobar el endeudamiento, pero en este caso se metió dicho empréstito a la ley de ingresos, lo que es una violación a la ley de deuda pública, sumado a que dicho recurso debe estar destinado a inversiones públicas productivas y en este caso, no es así, ya que es para pagar adeudos y no hacer obras de inversión productivas.

 Inicio/ Política 15:46 17 de febrero de 2020 Oscar Celaya/Quadratín MORELIA, Mich., 17 de febrero de 2020.-

El Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) interpuso cuatro juicios de amparo ante juzgados federales por la aprobación de la contratación de una nueva deuda por 4 mil 90 millones de pesos. Tres ya fueron admitidos y uno desechado. Durante la firma de convenio de colaboración con el Comité de Participación Ciudadano (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el presidente de la Asociación Civil, Alfonso Álvarez Miaja, informó que los amparos fueron motivados por diversas violaciones a la Ley. “No se vale que se autorice con mayoría simple (del Congreso local) un crédito de ese tamaño.

 

La Ley marca que tiene que haber una mayoría calificada”, manifestó. Por su parte, Arturo Herrera, integrante del Cemide, agregó que hubo violaciones a la Ley de Deuda Pública y a la Constitución Política. Explicó que la normativa ordena que las dos terceras partes de los diputados tienen que aprobar un nuevo endeudamiento, pero que en este caso se recurrió a un engaño. “Se metió a la Ley de Ingresos y desde nuestro punto de vista es una violación a la Ley”, indicó. Expuso que la Constitución Política dispone que el empréstito se tiene que utilizar para inversión productiva, y que éste no es el caso. “Se trata de tapar los hoyos, de cubrir adeudos de cuenta corriente que ya se tienen, no se trata de hacer obra pública”, comentó.

 

El presidente de la Cemide señaló que el juicio de amparo rechazado fue promovido por algunas cámaras empresariales, y los tres aceptados por parte de ciudadanos y la propia Cemide. Sin embargo, prefirió no adelantar vísperas y esperar a que se resuelvan. De acuerdo con el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, la deuda pública de largo plazo de Michoacán asciende actualmente a 16 mil 390 millones de pesos. “Es una deuda muy elevada que empezó a crecer desde 2002, no ha parado y parece que no va a parar porque están pidiendo otra cantidad importante de dinero”, evaluó Álvarez Miaja.

 

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Inicio/ Política 15:00 18 de febrero de 2020 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 18 de febrero de 2020.- El listado de alrededor de tres mil expedientes prescritos en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) será público para erradicar el negocio que se hacía con presidentes municipales cuando acudían a solicitar información, afirmó el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM Marco Polo Aguirre. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que los expedientes se dejaban prescribir, pero no se notificaba a los interesados, principalmente presidentes municipales que cuando llegaban a solicitar información les pedían dinero a cambio, pero no les decían que ya estaban prescritos. Por eso el auditor superior Miguel Ángel Aguirre ya hizo el compromiso de hacer públicos los expedientes prescritos, los cuales ya no se pueden revivir en el Tribunal de Justicia Administrativa y así empezar a erradicar el negocio que se hacía con esos expedientes. Señaló que si en el proceso de revisión de los expedientes que se está llevando a cabo se detecta que hubo dolo en algunos casos se presentarán las denuncias correspondientes y a partir de ahí haya la posibilidad de que se sancionar no solo por actos de corrupción sino también por omisión o negligencia al dejarlos prescribir sin darles el seguimiento al que obliga la ley. Por eso la importancia de que los diputados sacaran las manos de la ASM, los presentes y los pasados y no solo de la asignación de recursos a discreción sino de la colocación de personal, no solo sin el perfil requerido sino también falto de profesionalismo y ética.

 

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Naomi Carmona

 

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha comenzado una gira en el país europeo de España, para tratar asuntos en materia de turismo, mientras que el estado se encuentra sumergido en enfrentamientos protagonizados por células criminales, sumando muertos a los ya bastante altos números de homicidio.

Desde el pasado viernes, el mandatario estatal anunció que éste lunes estaría arribando a Madrigal de las Altas Torres, para conocer los avances de las obras de la “Ruta Don Vasco”, iniciativa conjunta de hermanamiento con la ciudad española.

 

En los próximos días, Aureoles Conejo se reunirá con diferentes autoridades de España, para por último presenciar la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los máximos foros de promoción turística internacional.

Mientras tanto en tierras michoacanas, éste lunes fueron lesionados al menos 10 policías y 2 soldados fallecieron durante un enfrentamiento con un grupo armado, en la comunidad de Tiamba, municipio de Paracho.

Sobre el hecho, se sabe gracias a la cobertura periodística que los elementos de seguridad fueron atacados durante un recorrido por el lugar, por civiles fuertemente armados que al negarse a detener sus vehículos, abrieron fuego contra los policías estatales y la Guardia Nacional.

 

A este hecho, se le suma el escabroso hallazgo de un cuerpo desmembrado con un narcomensaje, cerca del Boulevard Industrial en la colonia El Colorín, en el municipio de Uruapan.

 

Mientras que ayer fue reportado el cadáver de un hombre asesinado de un balazo en la cabeza, sobre un camino de terracería perteneciente a la colonia Mirador de Ocolusen, aledaña al asentamiento Puerto de Buenavista y cercana a la carretera Morelia-Mil Cumbres.

 

El gobernador de Michoacán, planea regresar el viernes 24 de las corrientes para asistir a la firma del acuerdo de la federalización de la nómina educativa.

 

 

Este sería un nuevo intento de la fracción parlamentaria del partido guinda por acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por MiMorelia.com     miércoles, enero 22, 2020 8:45 pm

Presentarían una demanda de acción de inconstitucionalidad contra los 4 090 millones de pesos por concepto de deuda

 

 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un intento por echar abajo la autorización que por mayoría otorgó el Congreso local a la administración estatal para que contrate un financiamiento por 4 mil 090 millones de pesos, la coordinadora de la bancada de Morena, Teresa López Hernández, recopila firmas entre sus correligionarios. «Le informo que para estar en condiciones de presentar la demanda de acción de inconstitucionalidad contra los 4 090 millones de pesos por concepto de deuda se requiere la firma de por lo menos 14 diputados, de los cuales con el apoyo de usted estaríamos alcanzando la meta deseada», señala el escrito que, con fecha 21 de enero, se envió al morenista Francisco Cedillo de Jesús.

 

 «Por lo anterior, solicito tenga a bien informar si contaríamos con su apoyo para que suscriba dicho documento, y en su caso nos haga llegar copia certificada de credencial de elector y la constancia de asignación como diputado de representación proporcional que en su momento le entregó el Instituto Nacional Electoral«, añade. Este sería un nuevo intento de la fracción parlamentaria del partido guinda por acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el descalabro que sufrió hace unos días cuando, por falta de quórum, no se sometió a votación del Pleno en sesión extraordinaria su solicitud de Controversia Constitucional para combatir el Decreto de extinción de la Junta de Caminos, publicado por el Ejecutivo en el Periódico Oficial. En su caso, Francisco Cedillo de Jesús ha evidenciado falta de institucionalidad con Morena; al inicio de la legislatura se sumó al grupo parlamentario del PRD, luego pidió licencia por unos meses y regresó para sumarse con los representantes de Movimiento de Regeneración Nacional.

 

Fue este legislador uno de los cinco morenistas ausentes durante la sesión extraordinaria en la que se votó el paquete económico 2020 y esta semana, pese a que acudió al Congreso no ingresó al salón de Plenos, para de esta manera sumarse al vacío que hicieron congresistas del PRD, PAN, PRI, PVEM e Independientes. Por: Sayra Casillas/rmr

 

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Este sería un nuevo intento de la fracción parlamentaria del partido guinda por acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por MiMorelia.com     miércoles, enero 22, 2020 8:45 pm

Presentarían una demanda de acción de inconstitucionalidad contra los 4 090 millones de pesos por concepto de deuda

 

 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un intento por echar abajo la autorización que por mayoría otorgó el Congreso local a la administración estatal para que contrate un financiamiento por 4 mil 090 millones de pesos, la coordinadora de la bancada de Morena, Teresa López Hernández, recopila firmas entre sus correligionarios. «Le informo que para estar en condiciones de presentar la demanda de acción de inconstitucionalidad contra los 4 090 millones de pesos por concepto de deuda se requiere la firma de por lo menos 14 diputados, de los cuales con el apoyo de usted estaríamos alcanzando la meta deseada», señala el escrito que, con fecha 21 de enero, se envió al morenista Francisco Cedillo de Jesús.

 

 «Por lo anterior, solicito tenga a bien informar si contaríamos con su apoyo para que suscriba dicho documento, y en su caso nos haga llegar copia certificada de credencial de elector y la constancia de asignación como diputado de representación proporcional que en su momento le entregó el Instituto Nacional Electoral«, añade. Este sería un nuevo intento de la fracción parlamentaria del partido guinda por acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el descalabro que sufrió hace unos días cuando, por falta de quórum, no se sometió a votación del Pleno en sesión extraordinaria su solicitud de Controversia Constitucional para combatir el Decreto de extinción de la Junta de Caminos, publicado por el Ejecutivo en el Periódico Oficial. En su caso, Francisco Cedillo de Jesús ha evidenciado falta de institucionalidad con Morena; al inicio de la legislatura se sumó al grupo parlamentario del PRD, luego pidió licencia por unos meses y regresó para sumarse con los representantes de Movimiento de Regeneración Nacional.

 

Fue este legislador uno de los cinco morenistas ausentes durante la sesión extraordinaria en la que se votó el paquete económico 2020 y esta semana, pese a que acudió al Congreso no ingresó al salón de Plenos, para de esta manera sumarse al vacío que hicieron congresistas del PRD, PAN, PRI, PVEM e Independientes. Por: Sayra Casillas/rmr

 

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RedacciónMiércoles 22 de Enero de 2020 A- A A+ Contempla “trabajos de común acuerdo” (Foto: Especial) Para fortalecer las acciones que ya se realizan en materia anticorrupción y otros rubros, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) desarrollarán en lo próximo una agenda de trabajo conjunto, respetando la autonomía de cada entidad. Esta agenda contempla “trabajos de común acuerdo” para proponer una posible reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el estado; así como la firma de un convenio de colaboración con la Defensoría de Oficio del Tribunal y, entre otros puntos, procesos de capacitación para una más eficiente aplicación de las normativas en la materia. Lo anterior, se adelantó este día, durante un conversatorio entre los integrantes del Pleno del TJAM y el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, durante la cual los presentes coincidieron en la conveniencia de establecer una coordinación interinstitucional permanente.

 

Contar con una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas (Foto: Especial)

 

 Con ello, se trata de “ir acotando algunas inconsistencias que se han venido presentando en los procedimientos que realiza la Auditoría y tratar de responder, sin que esto implique una invasión de atribuciones, los criterios que éste y otros tribunales colegiados establecen”, para llevar a buen término los procedimientos administrativos, indicó el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales. “Por ello es positivo mantener conversatorios constantes entre el Tribunal y la Auditoría, a fin de ser cada día más eficientes y, en nuestro caso, para contar con más elementos que nos ayuden a resolver los asuntos de fondo”, añadió el magistrado. El auditor superior en Michoacán destacó la necesidad de contar con una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que contenga “criterios unificados, de nosotros que vamos a fiscalizar y de ustedes, que van a resolver. Esto nos daría una pauta para unir el criterio de todos los actos que se vayan a enviar” desde la ASM al TJAM. En lo anterior estuvieron de acuerdo en lo general la magistrada Griselda Lagunas Vázquez y los magistrados Arturo Bucio Ibarra, J. Jesús Sierra Arias y Rafael Rosales Coria, todos integrantes del Pleno del Tribunal.

 

Si lo cita por favor cite la fuente, manteniendo un enlace a la información original. Derechos Reservados, Sociedad Editora de Michoacán S.A. de C.V.

 

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RedacciónMiércoles 22 de Enero de 2020 A- A A+ Contempla “trabajos de común acuerdo” (Foto: Especial) Para fortalecer las acciones que ya se realizan en materia anticorrupción y otros rubros, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) desarrollarán en lo próximo una agenda de trabajo conjunto, respetando la autonomía de cada entidad. Esta agenda contempla “trabajos de común acuerdo” para proponer una posible reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en el estado; así como la firma de un convenio de colaboración con la Defensoría de Oficio del Tribunal y, entre otros puntos, procesos de capacitación para una más eficiente aplicación de las normativas en la materia. Lo anterior, se adelantó este día, durante un conversatorio entre los integrantes del Pleno del TJAM y el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, durante la cual los presentes coincidieron en la conveniencia de establecer una coordinación interinstitucional permanente.

 

Contar con una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas (Foto: Especial)

 

 Con ello, se trata de “ir acotando algunas inconsistencias que se han venido presentando en los procedimientos que realiza la Auditoría y tratar de responder, sin que esto implique una invasión de atribuciones, los criterios que éste y otros tribunales colegiados establecen”, para llevar a buen término los procedimientos administrativos, indicó el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales. “Por ello es positivo mantener conversatorios constantes entre el Tribunal y la Auditoría, a fin de ser cada día más eficientes y, en nuestro caso, para contar con más elementos que nos ayuden a resolver los asuntos de fondo”, añadió el magistrado. El auditor superior en Michoacán destacó la necesidad de contar con una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que contenga “criterios unificados, de nosotros que vamos a fiscalizar y de ustedes, que van a resolver. Esto nos daría una pauta para unir el criterio de todos los actos que se vayan a enviar” desde la ASM al TJAM. En lo anterior estuvieron de acuerdo en lo general la magistrada Griselda Lagunas Vázquez y los magistrados Arturo Bucio Ibarra, J. Jesús Sierra Arias y Rafael Rosales Coria, todos integrantes del Pleno del Tribunal.

 

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MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2020.- Un total de 51 entes de los tres poderes en el estado y organismos autónomos no comprobaron el gasto de mil 959 millones 453 mil pesos, de acuerdo con el informe general de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de las auditorias realizadas al ejercicio fiscal 2018. La Secretaría de Seguridad Pública es el ente con el mayor monto observado, 457 millones 271 mil pesos, le sigue el Instituto Electoral de Michoacán con 396 millones 550 mil pesos y en tercer lugar se ubicó el Congreso del Estado con 288 millones 799 mil pesos. La ASF indica que el importe correspondiente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de la muestra de auditoría revisada por mil 653 millones, los cuales fueron observados. De ese monto no fue posible comprobar la entrega de bienes y servicios de acuerdo a la cantidad, especificaciones y fechas de entrega contratadas y en su caso, la aplicación de penas convencionales correspondientes. Por ello la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por los mil 653 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales, por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como la evidencia de los bienes y servicios recibidos

 

La ASF solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración esa información para desvanecer las observaciones, en caso de no hacerlo se abre la investigación para determinar si las observaciones son graves o no, en caso de resultar graves se van a substanciación y se determina entonces si se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso de las dependencias del Ejecutivo, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron los procesos de adquisición y contratación; no presentaron los contratos debidamente formalizados.

 

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Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha

Antonio Gala (1930-?) Dramaturgo español

 

El gobierno del estado parece haber cumplido la primera de las dos premisas a las que se comprometió a manera de justificación del endeudamiento bancario que tramitó ante la Cámara de Diputados, y que, como se sabe, obtuvo por poco más de cuatro mil millones de pesos.

 

La premisa inicial era asegurarse de contratar la deuda con los bancos que mejores condiciones ofertaran y los números así lo corroboran: Banbajío propuso una TIIE (Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio) de 0.42 por ciento, y Banorte de 0.44, ambas claramente las más bajas: Santander ofertó una de 0.68, Afirme de 0.83 y Bansi de 1.90.

 

No es cuestión de complicada ciencia entender que Gobierno tomó las mejores ofertas; lo importante es que haya hecho pública la relación completa de las propuestas de todos los bancos participantes en la licitación abierta lanzada ex profeso.

La medida de transparencia puede verse normal hoy, pero no puede olvidarse que la contratación de deuda bancaria en los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, se hacía en la más completa opacidad, nadie sabía en absoluto las condiciones de contratación, tanto, que hubo alguna de llegó a adquirirse a una tasa de 3 por ciento, sí, un brutal y leonino ¡3 por ciento!

 

Cubierto favorablemente ese aspecto de transparencia y, también, de justicia, aún le queda al gobierno de Silvano Aureoles cumplir el segundo: aplicar la misma transparencia ahora en informar cómo se invertirá el dinero, los 4 mil noventa millones de pesos que le prestarán Banorte y Banbajío.

Ese fue el otro gran problema del batelismo y del godoyismo: no solo la opacidad y las salvajes tasas a que contrataban deuda, sino la discrecional utilización de ésta, casi siempre ilegal porque iba a gasto corriente, específicamente al pago de la nómina magisterial.

 

Por eso, ahora el Gobierno de Aureoles está obligado, además de contratar la deuda en las mejores condiciones, cosa que ya cumplió, a transparentar su uso, a fin de desterrar la sospecha de que caiga en el mismo vicio e ilegalidad de sus antecesores en ese entonces perredistas.

La ley dice que sólo puede aplicarse a obra pública y a inversiones productivas, pero también lo decía en los tiempos de Cárdenas y de Godoy y éstos jamás la cumplieron; de ahí, insisto, la importancia de que Aureoles diseñe algún protocolo informativo que explique con detalle y oportunidad, cómo va aplicando cada uno de los más de cuatro mil millones de pesos que recibirá de ambos bancos a partir de los próximos días.

 

Solo así marcará una diferencia real con sus nefastos antecesores y justificará ante la opinión pública que no se trata de una carga sospechosa e injustificada más para los michoacanos, que con toda razón estamos recelosos ante cualquier nuevo endeudamiento bancario, sino de una medida necesaria y soportada en la capacidad económica gubernamental y, sobre todo, en un compromiso de éste con la transparencia y la legalidad. Veremos.

 

twitter@jaimelopezmtz jaimelopezmartinez@hotmail.com

30 de enero de 2020 Redacción/Quadratín CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero del 2020.-

 

Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la contratación de nueva deuda por parte del Gobierno del Estado, ya que el financiamiento se autorizó violando la Constitución, además de amenazar la estabilidad financiera de Michoacán.

 

De acuerdo con un comunicado de prensa, con la Constitución de nuestro lado buscamos evitar que sea hipotecado el futuro de Michoacán durante los próximos 20 años, porque antes que el lucimiento del gobernante en turno debemos priorizar la estabilidad financiera del estado, y procurar el bienestar de las y los michoacanos, recalcó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Tras conseguir que la acción de inconstitucionalidad fuera suscrita por al menos 14 diputados, el recurso legal fue ingresado en la SCJN con el propósito de impugnar los Artículos 1, y del 7 al 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobada por el Congreso del Estado en sesión del 30 de diciembre del 2019.

 

Ramírez Bedolla puntualizó que la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos, y el refinanciamiento de créditos hasta por 17 mil 246 millones 845 mil 100 pesos, se aprobó sin las dos terceras partes de los votos a favor, como lo dispone el Artículo 117 de la Constitución mexicana.

 

Añadió que notificarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las condiciones en que fue autorizada la contratación de nueva deuda, así como el recurso legal que se ha promovido ante la SCJN. El legislador de Morena recalcó que al pretender ejercer 4 mil millones de pesos en solo un año, está latente el riesgo de que los recursos provenientes de créditos bancarios sean derrochados al no haber ninguna planeación, y de que sean malversados sin que se cumpla el propósito de la inversión productiva. Alfredo Ramírez insistió en que gracias al acuerdo educativo, Gobierno del Estado dejará de gastar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos en pago de nómina, por lo que la administración estatal tendrá estabilidad financiera que le permitirá planear mayores inversiones públicas a mediano y largo plazo.

 

En cambio, abundó, si se contrata la deuda pública por 4 mil millones de pesos y se concreta la reestructura de 17 mil millones, durante los próximos 20 años quedará comprometido hasta el 98 por ciento de los recursos federales que corresponden a Michoacán del Fondo General de Participaciones para el pago de esos créditos bancarios.

 

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección:

América Juárez Navarro

 

Morelia, Mich., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la acción de Inconstitucionalidad promovida por Morena y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), contra la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos aprobada el pasado 31 de diciembre por los diputados del Congreso local.

 

En la lista de notificaciones emitida este 14 de febrero se señala:

 

«Se tienen por presentados los promoventes u se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia», refiere el documento.

 

Además respecto a la petición de desistimiento realizado por las diputadas Brenda Fraga Gutiérrez y Teresa López se les informa que no procede, aunque menciona que las mismas lo solicitaron.

 

«Por otro lado, agréguense al expediente, para los efectos a que hayan lugar, los escritos las diputadas integrantes del Congreso de Michoacán de Ocampo, mediante los cuales solicitan, respectivamente, se les tenga por desistidas de la prosecución de la instancia, así como de la firma que obra en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 99/2020; al respecto, dígase a las promoventes que no ha lugar a proveer de conformidad su pretensión, toda vez que la figura del desistimiento no es aplicable en las acciones de inconstitucionalidad, al ser un medio de control abstracto, mediante el cual se plantea una posible contradicción entre una norma general y la Constitución Federal», comenta el escrito.

 

Se aclara dentro del mismo que en cuanto al argumento de las diputadas de que a la fecha y hora de la presentación de su escrito, no había sido admitida la demanda de acción de inconstitucionalidad y que por tanto, tampoco había surtido efectos jurídicos; _dígaseles que se tiene como manifiesta la voluntad de los que suscriben una demanda a partir de que ésta es firmada se expresa la voluntad del acto jurídico.

 

Agrega que al momento de que es ingresada a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal; cualquier documento hecho valer con posterioridad, que revele intención contraria, se entiende como desistimiento; sin embargo, en las acciones de inconstitucionalidad no resulta procedente el desistimiento.

Mientras un grupo de ciudadanos debaten e insultan en las redes sociales, y reenvían en sus grupos de WhatsApp los textos en contra del presidente López Obrador, y a favor de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, hay un común denominador en casi toda la República: los legisladores locales y federales, alcaldes y gobernadores tiemblan por su futuro político.

 

Con la renovación de la Cámara baja, y 15 gubernaturas (proceso electoral 2021, que iniciará en septiembre próximo) se aproxima la votación más grande y compleja de la historia del país.

 

Más allá de la complicación técnica que significan la organización de los comicios para el INE, se pronostica que los actores se dirán de todo, habrá golpes bajos, y hasta violencia política. Morena quiere repetir la mayoría en San Lázaro, y lo que queda de la oposición pretende arrebatársela. Y obviamente el Movimiento de Regeneración Nacional quiere, de una vez por todas, manejar la Conago.

 

En Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas se escogerán gobernadores, diputados al congreso local y presidentes municipales.

 

Está en “veremos” si también hay elección para elegir un nuevo primer mandatario en Baja California; eso depende del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el ex Congreso (de mayoría panista, le regalará años para gobernar a Jaime Bonilla).

 

En la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca; Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán solamente habrá elecciones para renovar congresos locales y primeros ediles.

Nada más van por la renovación de alcaldías Coahuila, Quinta Roo y Tamaulipas. En Aguascalientes, Durango e Hidalgo sólo irán a las urnas para renovar diputados locales.

 

Los que desean participar y aparecer en las boletas hacen alianzas, prometen posiciones, y entablan acuerdos. Algunos podrán cambiar el tablero político para esa fecha histórica de las elecciones de medio término, y otros, sencillamente están derrotados.

 

Uno de los que seguramente perderá es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Aquel que fue fundador del PRD, presidente municipal, diputado local y federal y senador de la República sabe perfectamente que entregará el poder a un opositor.

 

¿Quien recibirá las llaves del despacho que hoy ocupa Aureoles? Cristobal Arias Solís. El oriundo de Churumuco, que ha sido tres veces senador y dos veces diputado ya prácticamente es el hombre fuerte de Michoacán.

El fracaso del Gobierno del perredista/tricolor, sobretodo en materia de combate a la inseguridad y a la corrupción, provoca que crezca en las todas las encuestas el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta rumbo al 2021.

 

Pero insistimos, ya se sabe en todos lados que Arias será el candidato de Morena a la gubernatura y que arrasará, por eso en los 113 municipios la duda es si Silvano Aureoles terminará en la cárcel.

Algunos aseguran que el muy posible próximo gobernador no seguirá los mismos pasos de Andrés Manuel López Obrador, y el sí logrará llevar tras las rejas a quien se convertiría en su antecesor.

 

Algunos cercanos a Cristobal Arias, académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no trabajan para la candidatura de su líder político, porque saben que tienen el triunfo en la bolsa, sino en armar un expediente que será presentado por el futuro primer mandatario, el primer día de su mandato, a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ya lo decíamos, los legisladores locales y federales, alcaldes y gobernadores tiemblan por su futuro político. Sobre todo Aureoles.