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Michoacán en plena recesión económica y con irregularidades en el uso de recursos federales.
2 de Noviembre de 2019 a las 14:01:00 | Por:Redacción / Noventa Grados
Morelia, Mich., 2 de noviembre de 2019.- Adicional al retroceso de la economía de Michoacán en el segundo trimestre del presente año que confirma el Inegi en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), se agregan las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo de recursos por mil 435.1 millones de pesos ejercidos durante 2018 por el gobierno del estado.
De acuerdo a estudios realizados por el Inegi y retomados por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) el retroceso económico se confirma en las cifras oficiales, donde se reporta que “las actividades productivas cayeron menos 1.6 por ciento, respecto a igual periodo del año pasado”.
Se anota que “en el ranking nacional el estado bajó hasta el lugar 24 originado por el estancamiento de la economía del país y la falta de inversión estatal y federal que ocasionó caída en el campo de menos 4.1 por ciento, desplome en el sector industrial de menos 4.7 por ciento y una disminución en los servicios de menos 0.5 por ciento”.
Por cuanto a las irregularidades en el uso de los recursos federales encontradas en 23 auditorías aplicadas por la ASF se informa que, de acuerdo al proceso de fiscalización a la Cuenta Pública Federal 2018, en la que se incluye la revisión del gasto federalizado, del que Michoacán tiene observaciones en el 28.8 por ciento.
En ese sentido se informa que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adulto, la ASF determinó que, de once resultados en tres se generaron una recomendación, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
De los recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y Michoacán se determinaron 42 resultados, de los que en 26 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por la autoridad antes de que la Auditoría presentara su informe, los tres restantes generaron una recomendación y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En el Programa de Inclusión Social Componente Salud, la Auditoría determinó 26 resultados, de éstos en 16 no se detectaron irregularidades y diez fueron solventados antes del informe. Por lo que toca a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, fueron 18 resultados, de los que en 13 no se detectaron irregularidades y los otros cinco generaron una recomendación, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
En el caso de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinaron seis resultados, de los que en tres no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes del informe; el restante generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Dentro de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se determinaron 29 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y los siete restantes generaron dos recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
Asimismo, en la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el estado se determinaron seis resultados, de los que en cinco no se detectaron irregularidades y el otro generó una recomendación.
De igual manera, en el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se determinaron 22 resultados: en 19 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.
En la revisión del Fondo para el Fortalecimiento Financiero en Michoacán, se determinaron 33 resultados, de los que en 11 no se detectaron irregularidades y seis fueron solventados por la entidad fiscalizada antes del informe, en tanto que los 16 restantes generaron siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y nueve pliegos de observaciones.
La Distribución de las Participaciones Federales reporta que en Michoacán se determinaron 14 resultados, de los cuales en 12 no se detectaron irregularidades y en los dos restantes se generaron un par de recomendaciones.
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A receso, juicio político contra ex Auditor por falta de información.
07 de agosto de 2019 Rebeca Hernández Marín/Quadratín
MORELIA, Mich., 7 de agosto de 2019.- El procedimiento de juicio político en contra del ex auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, entró en receso debido a que la Auditoría Superior de Michoacán no ha entregado información que le solicitó la Comisión Jurisdiccional. La presidenta de esa Comisión, Adriana Hernández, informó que el contador López Salgado pidió que se solicitara el informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública de la hacienda estatal del ejercicio fiscal 2013, entre otros documentos que les han sido entregados. El procedimiento debió concluirse el pasado dos de agosto de acuerdo con los tiempos establecidos en la ley, pero en el periodo de alegatos el ex auditor solicitó la información oficial para su defensa y aun se cuenta con ella por lo que no se ha podido cerrar ese periodo. Una vez que se tenga la información y se cierren los alegatos, las integrantes de la Comisión Jurisdiccional podrán emitir el dictamen mediante el cual definan si será sujeto de juicio político o no. El Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) presentó la demanda de juicio político en contra de López Salgado la cual fue procedente de acuerdo con el dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 73 Legislatura, pero el pleno desecho el dictamen. Los empresarios agrupados en el Cemide recurrieron al amparo de la justicia federal que ordeno al Congreso del Estado reponer la votación y la mayoría de los diputados de la 74 Legislatura votaron a favor de que se iniciara el procedimiento que sigue en curso.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://www.quadratin.com.mx/principal/a-receso-juicio-politico-contra-ex-auditor-por-falta-de-informacion/
Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2018.
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Gobierno de Michoacán, el más corrupto de México: Mitofsky
Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán se encuentra en último lugar en materia de corrupción, de acuerdo a una encuesta realizada por Mitofsky.
La entidad se encuentra más de 20 puntos de diferencia con el penúltimo lugar de la tabla, ya que Michoacán se sitúa en una percepción de corrupción del 51.9 por ciento, mientras que San Luis Potosí tiene un índice del 38.6 por ciento.
En cuanto a percepción económica, Michoacán se encuentra en el penúltimo lugar, por lo que en este rubro también se encuentra prácticamente reprobado.
Cabe señalar que de acuerdo a esta misma encuesta, Silvano Aureoles Conejo se encuentra en último lugar de evaluación, por lo que continúa siendo el peor gobernador, de acuerdo a los encuestados.
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Por falta de información, trabado juicio político contra López Salgado.
Publicado el Domingo, 10 Noviembre 2019 15:09
Alejandra Martínez
El ex auditor no la ha entrega a la Comisión Jurisdiccional; estaría incurriendo en una obstrucción, afirma Adriana Hernández.
El procedimiento de juicio político contra el ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado, se encuentra trabado en el Congreso del Estado, debido a que el acusado no entrega la información correspondiente a la Comisión Jurisdiccional.
Así lo manifestó, la presidenta de la citada comisión en el parlamento michoacano, Adriana Hernández Íñiguez, al señalar que López Salgado ha aventado la responsabilidad de presentar la información que le han solicitado, para que los legisladores puedan realizar el dictamen relativo al juicio político.
“Desafortunadamente el auditor no nos ha entregado la información, está echando la bolita que la tiene la Comisión, nosotros la solicitamos de manera legal y forma, como lo fue solicitado también a nosotros el contador López Salgado, esa información al auditor y el auditor es quien no la tiene que entregar no ningún intermediario más, ojalá pronto ya la haga llegar, porque sí no estaría incurriendo en una obstrucción para poder determinar el proceso de juicio político”, manifestó.
Fue a finales de mayo del año en curso, que el Congreso de Estado, aprobó con 23 votos a favor, el arranque del procedimiento en contra del auditor, luego de que el Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), presentará la solicitud, por realizar presuntas omisiones en la fiscalización de un crédito de mil 340 millones de pesos en el año 2013.
Tras aprobar la solicitud de juicio político, la Comisión Jurisdiccional solicitó a López Salgado presentará la información correspondiente, pero este contestó que carece de la misma, situación que calificó la legisladora priísta, como “muy grave”.
“Para nosotros el vínculo legal es el auditor, él contador López Salgado solicitó la auditoría esa información se le negó, por lo tanto, él nos pide a nosotros que solicitemos a la Auditoría, nuestro enlace legal es el auditor”, recalcó.
Hernández Íñiguez, informó que en breve, se reunirá la Comisión Jurisdiccional para enviar un documento al ex servidor público y exhortarlo a cumplir con lo mandatado por el parlamento y enviar la documentación correspondiente.
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Morelia Michoacán y la tentación de la deuda.
Hugo Rangel Vargas
Viernes 27 de Diciembre de 2019
Hay mucho que festejar en estas fechas en Michoacán, particularmente en los temas de finanzas públicas, puesto que el anuncio de que se está a punto de concretar la federalización de la nómina educativa es un tanque de oxígeno a las comprometidas cuentas del gobierno estatal. Esto llegaría el próximo año, ya cerca de que termine el gobierno de Silvano Aureoles. Pero con la también anhelada conclusión del gobierno silvanista, se aproxima el año de Hidalgo y la tentación de tomar decisiones al cuarto para las doce. Y es que en una práctica bananera de los gobiernos michoacanos, se suelen tomar determinaciones trascendentales a días, o a veces a horas, de que concluya el mandato de los gobernadores. Desde la entrega de notarías a amigos y compromisos políticos, hasta la venta de empresas estatales a precios de risa; las últimas administraciones estatales han decidido comprometer a sus sucesores con decisiones irracionales; entre ellas la contratación de deuda pública. La federalización de la nómina educativa podría abrir a los michoacanos un camino de dos vías: sanear las finanzas públicas de estos compromisos económicos adquiridos en gobiernos anteriores o abrir la puerta a un mayor endeudamiento. Esta disyuntiva nace de la extinción del compromiso, que en términos de gasto corriente, existe con el magisterio; mismo que al desaparecer podría mejorar la calificación de la deuda de la entidad y detonar una renegociación de la misma en mejores condiciones y finalmente en la posibilidad de adquirir más deuda. Esta tentación de endeudarse se ha concretado en otros momentos durante las pasadas administraciones y deriva de un débil control institucional sobre los mecanismos y procesos jurídicos que permiten el endeudamiento, así como de una condición de las finanzas de los niveles subnacionales del país que les tiene prácticamente en estado de inanición, lo cual coloca al endeudamiento como salida fácil a los problemas financieros de los gobiernos estatales. Así, al primer trimestre de 2019, el saldo de la deuda de la entidad era de 20 mil millones de pesos. De 2002 a 2003, año de transición de gobierno, este saldo pasó de 152 mil millones de pesos a mil quinientos millones de pesos. De 2008 a 2009 pasó de 6.7 a 7.7 MMDP, llegando en 2010 a 10.3 MMDP, teniendo desde entonces un crecimiento permanente, sin que los últimos dos gobiernos hayan dejado en claro el impacto de esos recursos extraordinarios en la economía de la entidad. La deuda es una preocupación constante de la opinión pública, aunque no debiera de serlo si esta significase apalancamiento de inversiones públicas que permitan detonar el crecimiento económico puesto que en el mediano plazo está deuda sería manejable con los recursos obtenidos de una mayor recaudación proveniente de una actividad económica pujante. Pero en los gobiernos de la entidad el uso de los recursos extraordinarios provenientes de financiamiento es poco transparente en cuanto a su destino y en consecuencia existe imposibilidad de medir su efecto. Pero también el endeudamiento es un mecanismo de control político que somete a los gobiernos a la necesidad de administrar sus finanzas y sus procesos de planeación al dictado de los acreedores y al de las calificadoras de riesgo, mismas que tienen una dudosa reputación y con objetivos muy distantes de las necesidades de la población. Por ello es que resulta trascendental que la sociedad michoacana y los partidos opositores, fundamentalmente Morena que se avecina a ser el próximo partido gobernante, sean vigilantes de lo que sucederá una vez que se desahogue la condición de las finanzas públicas y se evite adquirir más compromisos que limiten los márgenes de acción del nuevo gobierno.
Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección http://cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc59336
Si lo cita por favor cite la fuente, manteniendo un enlace a la información original. Derechos Reservados, Sociedad Editora de Michoacán S.A. de C.V.
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Por 4.09 mil millones de pesos, solicitud de deuda del Ejecutivo al Congreso.
Morelia, Michoacán.- El Ejecutivo del Estado formalizó este jueves por la noche la solicitud al Congreso del Estado para la contratación de deuda pública por poco más de cuatro mil millones de pesos, esto a través del alcance a la propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, y utilizando el término de “financiamiento” para evitar aludir a los conceptos de “deuda” o “empréstito”.
En el cuerpo de la propuesta de Ley de Ingresos, en un apartado denominado “Financiamientos”, el Ejecutivo del Estado solicita la autorización de financiamiento por un monto de hasta cuatro mil 90 millones de pesos, el cual –explica- se determinó con base en la posibilidad que brinda el techo de financiamiento neto en virtud del resultado del sistema de alertas permitido al Estado, teniendo en cuenta la fuente de pago que se propone destinar, y la estimación de costos de los proyectos que se buscan financiar.
Agrega que dicho financiamiento que se contratará a través de uno o varios créditos, “será destinado a inversiones públicas productivas y a la constitución de fondos de reserva, así como para realizar diversas operaciones y actos relacionados”.
El desglose que el Ejecutivo realiza sobre el destino del financiamiento a contratar es:
-Infraestructura educativa y de investigación: $50´998,000.00
-Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales: $249´300,000.00
-Vialidades urbanas: $651´957,582.75
-Plazas, parques, jardines y espacios abiertos: $29´250,000.00
-Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios: $3´000,000.0
-Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos: $801´280,059.52
-Centros de asistencia social: $3´060,000.00
-Carreteras, autopistas y aeropistas: $1,095´255,827.14
-Otras obras de urbanización: $18´340,000.00
-Instalaciones y equipamiento de edificaciones para la seguridad pública, policía y tránsito: $977´558,530.59
-Instalaciones y equipamiento en calles, parques y jardines: $120´000,000.00
Sobre el tipo de financiamiento que se prevé contratar, el Ejecutivo refiere que éste deberá contratarse en las mejores condiciones de mercado, previa celebración de un proceso competitivo conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
“Se propone que el monto de financiamiento pueda contratarse mediante financiamiento bancario, a través de uno o varios contratos de crédito, con la o las instituciones financieras que resulten ganadoras en el proceso competitivo. El plazo del financiamiento que se propone sería hasta por 20 años, disponiéndose de 12 meses de gracia para pago de capital, dicho plazo contado a partir la primera disposición de crédito”.
Aunado a los cuatro mil millones de pesos, se solicita al Congreso se solicita autorización para la contratación de instrumentos derivados u operaciones de cobertura relacionados con el financiamiento cuya autorización se solicita, así como que los mismos tengan como fuente de pago la misma que el contrato de crédito al que estén vinculados.
También se solicita autorización para afectar como fuente de pago del financiamiento, el derecho y los ingresos de hasta el 18 por ciento de las participaciones federales que le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo el porcentaje que corresponde a los Municipios, así como cualquier otro derecho e ingreso que, en su caso, lo modifique, sustituya o complemente, sin afectar derechos de terceros.
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UIF investiga a cuatro exgobernadores por actos de corrupción.
Dec 27, 2019 12:06 Agencia
NotimexMéxico
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que la unidad a su cargo investiga a cuatro exgobernadores ligados a actos de corrupción.
Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal explicó que los exmandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sin dar mayores detalles, el titular de UIF informó que los exgobernadores fueron denunciados ante la FGR.
"Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República” Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera.
Además reconoció que también se investiga a mandatarios locales en funciones para determinar sí existen elementos que puedan presumir actos de corrupción.
“Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no; por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos. ", Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera.
Durante el informe anual que rindió Nieto Castillo de las medidas que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera en combate contra la corrupción afirmó que pese a que existen denuncias contra los exmandatarios estatales la Unidad de Inteligencia Financiera no persigue a nadie ni es usada como un instrumento de golpeteo político.
Dentro del informe Santiago Nieto Castillo reconoció que la unidad a su cargo ha tenido casos emblemáticos en materia de combate a la corrupción como el caso de Odebrecht que involucra a Petróleos Mexicanos, la remoción de un magistrado encargado de dictar sentencias favorables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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